El Ayuntamiento ha presentado un recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de paralizar el mega contrato de las basuras que se iba a adjudicar a la compañía FCC. El TSJ ha comunicado esta semana la orden cautelar de paralización del proceso de adjudicación del contrato que aúna el servicio de recogida de basuras y el de limpieza urbana por 50 millones de euros para los próximos 10 años. La medida cautelar es la primera consecuencia del recurso judicial que presentó el pasado octubre una de las empresas participantes en el concurso público, STV, formada en parte por la mercantil local Urdemasa, al mismo tiempo que recurrió por la vía administrativa.
El Tribunal de Recursos Administrativos no estimó el argumento de STV sobre lo que consideró erróneas valoraciones de las ofertas, con lo que el Ayuntamiento acababa de salvar otro de los numerosos escollos con los que se ha encontrado este concurso. El TSJ sí ha tenido en cuenta la petición de la demandante de suspender de forma cautelar el proceso, que tenía como ganador del concurso a FCC.
El Ayuntamiento ya ha presentado un recurso contra la paralización por considerar que «se puede tratar de un error, ya que el auto lo da como un acto de liquidación tributaria, cuando se trata de una adjudicación de un servicio público», aclara el alcalde, Juan Martínez Pastor. El regidor asegura que «creíamos que no se iba a conceder la petición de STV de suspender el procedimiento ya que se trata de un servicio esencial que actualmente se está prestando en precario». Reitera que «creemos que se trata de un error porque no es un acto de naturaleza tributaria como se refiere el documento judicial».
Martínez Pastor recuerda que el Tribunal de Recursos Administrativos refrendó el proceso municipal al señalar que «la actuación ha sido correcta». Un nuevo retraso en el proceso dilataría «un servicio que se presta actualmente con contrato prorrogado tácitamente, pues está vencido desde 2009», señala el alcalde. Frente al nuevo servicio de recogida de basuras, que según las nuevas condiciones incluirá nuevois camiones y contendores, el alcalde destaca que «el retraso obliga a seguir prestando el servicio con precariedad, con camiones ya amortizados, contenedores viejos y unas rutas que se duplican en verano, pero por las que la empresa nos reclama económicamente ya que el coste actual está sujeto a la tarifa revisada en 2002».
El Ayuntamiento espera que en los próximos días el Juzgado aclare su decisión sobre la medida cautelar.
