Puerto Mayor podría estar cerca de su final definitivo. Los grupos parlamentarios de la oposición, PSOE, Podemos y Ciudadanos han aprobado en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua que el Gobierno regional adopte medidas para que se declare la caducidad de la concesión a Puerto Mayor S.A. para la realización de un puerto deportivo junto a la entrada al Canal del Estacio, en el término municipal de San Javier, y que se reparen los daños ambientales que se han causado durante el proceso.
Tan solo el PP ha votado en contra, pues según ha explicado el popular Juan Guillamón, existe una discrepancia entre el servicio jurídico de Secretaría General y la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos sobre la nulidad de la concesión. Asegura que se desconoce su al proceder a la nulidad del proceso se determinaría la caducidad de la concesión otorgada a Puerto Mayor en 1975.
«Estamos en una situación de reflexión, no podemos tener otra posición», argumenta Guillamón, aunque añade que se compromete a resolver a la mayor brevedad la discrepancia que existe entre el servicio jurídico.
El socialista Joaquín López no se ha mostrado convencido de las razones expuestas por el PP, pues «no hay razón jurídica para que no se haya tomado ninguna decisión», ha asegurado López. «Pedimos razones razonables para poner fin a esta situación, a no ser que haya otras razones más allá de las jurídicas para no tomar una decisión», señaló López. El PSOE recuerda que en el año 2004 el Ministerio pidió que se declarara caducada la concesión, pues «no había argumentos jurídicos para tener que dar más vueltas».
El Consejo de Ministros aprobó el 4 de julio de 1975 una resolución por la que autorizaba a la mercantil Puerto Mayor S.A. a construir y explotar un puerto deportivo en El Estacio por el plazo de 50 años, aunque las obras se fueron prorrogando debido a procedimientos judiciales.
Años más tarde, en 1988, el entonces director general de Carreteras de la Región autorizó a dicha empresa una prórroga de 60 meses para realizar las obras con un nuevo proyecto. Dicha resolución la anuló un año más tarde, en 1989, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y la avaló una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que convino en que el Gobierno debía declarar nula la resolución de 1988, así como una posterior resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental de 2003.
El PSOE denuncia que se han agotado los plazos para dejar sin efecto las resoluciones que declaren la caducidad de la concesión son que hubiera acción de Gobierno y exigen, además, la reparación de los daños ambientales.
Se suma además una enmienda parcial de Podemos qne la que se solicita que se adopten medidas para que se reparen los daños medioambientales y que estos costes corran a cargo de la empresa concesionaria en función de sus responsabilidades. Desde Ciudadanos, se han mostrado de acuerdo con la iniciativa, pero han asegurado estar preocupados por el dinero que costará a la Administración este problema. «Somos conscientes de que habrá que retornar a la concesionaria algunas cantidades porque ha habido negligencias en las administraciones también», afirman en C´s.
FOTO: Anse y Greenpeace se han manifestado en numerosas ocasiones en contra de las obras de Puerto Mayor
