No se podrán realizar nuevas urbanizaciones en el entorno del Mar Menor, a excepción de la ampliación natural de los cascos urbanos ya consolidados. ¿Hasta cuándo? Hasta que se promulgue una ley específica sobre la laguna salada que contemple los usos y limitaciones en el entorno costero. Los partidos de la oposición, PSOE, Ciudadanos y Podemos han logrado aprobar esta mañana en la Asamblea Regional una moratoria urbanística en el Mar Menor.
El PP ha sido el único grupo que ha votado en contra de la medida porque, según ha explicado el popular Juan Guillamón, la Comunidad Autónoma «solo tiene potestad de tutela, las competencias las tienen los ayuntamientos». Señala además que con dicha medida se creará una situación de «inseguridad jurídica» y explica que «ya existen instrumentos legales para preservar el Mar Menor de grandes urbanizaciones que puedan ser perjudiciales para el medio ambiente. El diputado popular recuerda que los ayuntamientos de San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares (gobernados los tres por el PP) se oponen a dicha moratoria.
La propuesta presentada por el PSOE pretende ganar tiempo «para reflexionar y ordenar los desarrollos con el fin de evitar afecciones al medio ambiente», ha argumentado el diputado socialista Antonio Guillamón. El objetivo es «que la administración regional y los ayuntamientos costeros elaboren de manera conjunta un estudio promenorizado del suelo que hay que preservar». «Nos permitirá establecer un conjunto de directrices territoriales que garantice que lo sucedido hasta ahora no vuelva a suceder en el Mar Menor», ha indicado Guillamón. El PSOE se opone principalmente a la urbanización de los terrenos de San Ginés de la Jara, Cala Reona y Huerta Calesa, en la ribera sur del Mar Menor, en el municipio de Cartagena.
La moratoria llega en el momento en que la Comisión del Mar Menor ha iniciado el estudio de las causas que han llevado a la degradación actual de la laguna y su costa. Los distintos grupos políticos creen que las conclusiones de este estudio deben derivar en una ley integral para la recuperación del Mar Menor, que propicie una nueva orientación turística más sostenible, desvinculada de los desarrollos urbanísticos.
El diputado de Podemos Andrés Pedreño ha denunciado los planes urbanísticos «amparados y tolerados en el litoral». «En municipios como San Javier se han realizado en los últimos años 72 recalificaciones urbanísticas», ha destacado Pedreño.
El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha modificado su postura con respecto a la última votación que la Asamblea realizó sobre la moratoria urbanística. De aquel voto en contra, que derribó la propuesta del PSOE, el partido naranja ha cambiado al voto favorable. «No podemos establecer una moratoria general que impida todo tipo de desarrollos. Solo debe afectar a desarrollos urbanísticos futuros o que perjudiquen el Mar Menor», ha puntualizado Sánchez, quien aclara que la moratoria no puede afectar a los derechos adquiridos por los particulares y a los proyectos en ejecución.
