El Mar Menor ha vuelto a mostrar la fragilidad de su estado de salud. Los últimos parámetros recogidos por el Comité Científico que hace el seguimiento ambiental a la laguna arrojan datos preocupantes, como el aumento de la turbidez del agua, que se dispara en abril, y la reducción de la transparencia, que baja un metro y medio.
Una de las variables preocupa especialmente a los científicos: la concentración de clorofila, uno de los indicadores de la eutrofización como la que experimentó la laguna en 2016, se multiplica por cuatro en abril de este año.
La transparencia, que se convirtió en el síntoma más evidente de la crisis ambiental durante dos años, se vuelve a reducir en más de medio metro en un año, y baja un metro y medio del 12 al 29 de abril.
La turbidez aumenta sobre el año 2018 y, al llegar abril, dobla sus indicadores. La salinidad y el oxígeno de las aguas bajan, lo cual hace pensar en el nuevo aporte de aguas de lluvia y lodos que llegaron al Mar Menor con las últimas lluvias, aunque el portavoz del Comité Científico, Ángel Pérez Ruzafa, señala sobre todo a los vertidos agrícolas como los responsables de este empeoramiento del estado general de la laguna.
El descontrol de las aguas de lluvia y la incapacidad de la red para encauzarlas hacia las depuradoras, que no pueden asimilarlas, es uno de los males del Mar Menor, pero no el único. La falta de soluciones de los agricultores para seguir regando sus explotaciones hizo que la Guardia Civil llevara a cabo una nueva operación de precintado de 38 desalobradoras y 35 pozos, que se saldó con 63 agricultores imputados. NI siquiera el proceso judicial contra empresas y agricultores, que se inició con la primera crisis del Mar Menor, logró frenar el uso de las desalobradoras en el campo de Cartagena.
El Pacto por el Mar Menor ya denunció el abril que las depuradoras de Los Alcázares y de Torre Pacheco vertían a diario aguas residuales a través de una tubería oculta cerca del puente de la carretera que pasa por detrás de la EDAR de Los Alcázares, que separa los dos municipios. La Confederación Hidrográfica del Segura levantó acta del vertido, que fue denunciado ante la Fiscalía por el Pacto por el Mar Menor.
Este grupo de acción ambiental, integrado por ciudadanos y científicos, denunció además la inversión de 124.000 euros por parte de la Comunidad Autónoma en la instalación de una rampa de acceso de embarcaciones junto al Club Naútico de Los Urrutias -y otra en la playa Castillico de La Ribera, que ya está rota- en una zona de colmatación de fangos, ya que son tramos finales de escorrentías habituales.
Las actuaciones de los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma para el relleno de playas con el dragado de las orillas fue también objeto de denuncia por el Pacto.
El análisis de las aguas que ha realizado el grupo oficial de seguimiento de la laguna se puede ver en la web Canal Mar Menor.
