La plataforma Pacto por el Mar Menor, integrada por ciudadanos y científicos, ha anunciado que iniciará «acciones legales ante la gravísima situación del Mar Menor». Denunciará «por vía administrativa y después judicial si es necesario los vertidos mar-tierra que se están produciendo en las poblaciones de Los Alcázares y Santiago de la Ribera».
El colectivo ciudadano se personará «en las causas judiciales que abra la Fiscalía de Medio Ambiente con motivo de la degradación del Mar Menor según la Ley de Responsabilidad Medioambiental«.
Por otra parte, el Pacto asegura que seguirá «prestando ayuda y soporte técnico en el actual proceso criminal conocido como el ‘Caso Topillo‘, en el que ya está personada la organización ecologista internacional Greenpeace. El juez Ángel Garrote, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, dirige la investigación de más de cien empresas por los vertidos agrícolas que han llevado al Mar Menor a su situación de extrema gravedad. Entre los investigados se encuentran empresas, agricultores y funcionarios de la Consejería de Agricultura y de la Confederación Hidrográfica del Segura.
El juez ha ampliado la investigación a la empresa Insal Electricidad & Automatismos SL, como supuesta responsable en la instalación y explotación de las desaladoras clandestinas que extraían la salmuera del agua del acuífero para deshacerse de ella a través de vertidos ilegales.
Según ha anunciado la plataforma Pacto por el Mar Menor, denunciará también «los impactos ambientales del urbanismo insostenible en la costa del Mar Menor», y señala como ejemplos las urbanizaciones El Vivero, en La Manga, o Nueva Ribera, en Los Alcázares.
Anuncia además que «mantendrá abiertas las reclamaciones efectuadas ante la Comisión de Peticiones de la Unión Europea para pedir la intervención de los eurodiputados ante la actitud complaciente de la Comisión Europea y las autoridades españolas«.
