La segunda gran batalla de la Iniciativa Legislativa Popular para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor y su cuenca ha sumado hoy, martes, otra victoria. La primera fue lograr las 639.826 firmas, en plena pandemia, para que el Congreso lo aceptara a trámite. Hoy, la catedrática Teresa Vicente ha defendido los derechos jurídicos de la laguna, con el apoyo de todos los grupos políticos en el Parlamento, excepto Vox.
En una sesión de dos horas y cuarto de duración, la catedrática de Filosofía del Derecho de la Univers¡dad de Murcia ha expuesto las ventajas que tendrá convertir a la laguna en sujeto de derechos. Mientras exponía su argumentación a los diputados en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a las puertas del Congreso de los Diputados, en la Carrera de San Jerónimo, de Madrid, más de cien personas coreaban «por un Mar Menor vivo» exhibiendo grandes pancartas.
Defensores activistas del Mar Menor, que se han desplazado en dos autobuses desde Murcia para arropar a la impulsora de este movimiento ciudadano que persigue la protección jurídica de la laguna. A ellos se han sumado simpatizantes llegados desde Navarra, Barcelona, Valladolid y otras ciudades españolas para darle presencia a la voluntad ciudadana de preservar el ecosistema dañado. También asistió a esta cita histórica para el Mar Menor el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, quien impulsó la ILP en un principio con la presentación de la iniciativa en el Pleno municipal, que la aprobó por unanimidad. La Asamblea regional sin embargo se negó a darle trámite.
«Todos han dado su apoyo, menos Vox, aunque tampoco lo necesitamos. Todos han dejado claro de que saldrá adelante. Hemos logrado una unión de los partidos con el Mar Menor», aseguró Vicente tras su comparecencia. Ya desde el principio aportó el principal motivo de la propuesta: «Traigo el mandato de más de medio millón de ciudadanos». Y enumeró los motivos de la acción ciudadana: «Los graves daños ecológicos que sigue sufriendo este espacio natural, la falta de eficacia de las medidas jurídicas que hasta ahora lo han protegido y la inacción de los poderes públicos».
Teresa Vicente en su comparecencia en la Comisión del Congreso que informará sobre la ILP del Mar Menor.
La catedrática aseguró que «esta ILP ha sido reconocida por el secretario general de Naciones Unidas como un ejemplo a seguir y como una herramienta legislativa para el nuevo movimiento social y jurídico, que ha comenzado en el siglo XXI, para lograr vivir en armonía con la naturaleza».
Reclamó el apoyo de los grupos políticos para poner fin a la situación de enfermedad crónica del Mar Menor: «No vigilan los vertidos, no planifican el espacio protegido, no han frenado el impacto ambiental del urbanismo, y no han planificado el regadío en la cuenca», explicó.
«Se ha considerado al Mar Menor como un objeto para obtener el máximo beneficio económico», señaló Vicente a los diputados. Con la personalidad jurídica, afirma que «dejará de ser víctima y objeto para convertirse en sujeto«. Esos derechos que ganará el Mar Menor supondrán «un límite al ejercicio de otros derechos, como la libertad de empresa, el desarrollo económico y los derechos de propiedad». Su aplicación no tendrá efecto retroactivos, pero permitirá a cualquier persona acceder a la Justicia con un procedimiento inmediato y gratuito en caso de que vea vulnerados los derechos de la albufera.
Con el reconocimiento de la personalidad jurídica, «las acciones y omisiones que dañen al Mar Menor podrán ser perseguidas, juzgadas y sancionadas». «Cualquier ciudadano podrá ejercitar acciones para defenderlo y tendrá acceso a la Justicia con procedimiento inmediato y gratuito», afirma Vicente.
La vigilancia la ejercerá un organismo con tres ramificaciones: un comité científico independiente, un comité representativo, que aúne a las administraciones estatal, regional y locales, y también a la ciudadanía. Y los guardianes de la laguna, con los vecinos ribereños cuya actividad depende de la salud de la laguna.
UN APOYO CASI UNÁNIME
«O lo hacemos ahora o no habrá nada que salvar», afirmó ayer en el Congreso la diputada de Ciudadanos María Carmen Martínez. Dejó claro su apoyo a la iniciativa popular y destacó que «para salvar la laguna llegamos tarde, pero también hay que salvar el ecosistema económico que da trabajo». «Tenemos que aprender a tener un desarrollo económico que respete la naturaleza», afirmó la diputada naranja, quien preguntó sobre los fondos destinados al Mar Menor y no ejecutados en la Región. También preguntó acerca de la necesidad de incluir un régimen de transición de la agricultura y la ganadería para que sean lo más respetuosas posible.
La diputada Inés Sabanés, de Más País-Equo, portavoz del Grupo Plural, describió la crisis ecológica del Mar Menor como «un ecocidio». Destacó «el trabajo y la constancia que ha desplegado la sociedad civil con la iniciativa» y, sobre todo, «el éxito que supone la unión de la ciudadanía con la ciencia y la juventud». «La naturaleza tiene derechos y esto es un cambio de paradigma en el siglo XXI», afirmó. Le pidió a Vicente datos sobre los resultados de la personalidad jurídica en espacios naturales de otros países y se interesó por saber si será necesario hacer modificaciones en el Estatuto de Autonomía.
El portavoz de Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna, relató una cronología del desastre ecológico, con la sopa verde y las mortandades de peces, y reclamó la personalidad jurídica para «blindar el Mar Menor gobierne quien gobierne». El diputado culpó «a la corrupción y el negacionismo, que son la huella del PP en la Región». Y recordó que su Grupo ha propuesto la aprobación del Parque regional del Mar Menor.
La voz del diputado de Vox, Luis Gestoso, fue la única discordante. Dedicó duras palabras a la propuesta de la catedrática murciana. Calificó la ILP de «engañifa» y dijo que «no es más que más despilfarro para crear un nuevo chiringuito antidemocrático». «Tratan de meternos esta engañifa, como cuando Calígula nombró cónsul a su caballo», afirmó Gestoso. El diputado de Vox criticó que la medida trate de «igualarnos en derechos a los animales». Gestoso defendió como soluciones a la laguna «abrir las golas, instalar un saneamiento separativo y desviar las ramblas al Mediterráneo».
Por su parte, el portavoz del PP, Juan Luis Pedreño, reconoció que la propuesta es «un reto para todos», aunque advirtió de que «después de escuchar a Unidas Podemos, me temo que esto va a ralentizar la tramitación». Pedreño preguntó a Vicente sobre los beneficios reales logrados en otros países con espacios que cuentan con derechos reconocidos. También pidió más información sobre la figura que ejercerá la representación legal de la laguna.
Por su paerte, el diputado del PSOE, Juan Luis Soto, ha destacado que, por primera vez en la historia, el Gobierno de España ha intervenido, con la puesta en marcha de Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor, dotado de casi 500 millones de euros que se ejecutarán en diferentes fases hasta 2026. El diputado socialista ha remarcado que, frente a la inacción de quienes tienen competencias con base al Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, el Gobierno de España ha procedido a la necesaria declaración de interés general y utilidad pública de estas actuaciones para poder llevarlas a cabo.
En este sentido, ha explicado que la ILP contempla acciones que ya está llevando a cabo el Gobierno de España.
“Se trata de actuaciones concretas, basadas en la naturaleza y dirigidas a todos los sectores para intervenir en la principal causa del problema y que están basadas en 4 puntos esenciales: escuchar a la ciencia, respetar y aplicar la ley, la cooperación administrativa y, sobre todo, la participación pública”, explicó el diputado socialista.
El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez, y algunos concejales, junto al diputado socialista Juan Luis Soto después de la Comisión sobre el Mar Menor.
