El derribo del Lagomar, el edificio fantasma de La Manga, está cada vez más próximo. El proyecto de demolición cuenta ya con los permisos de la Comunidad Autónoma para desmantelar la torre inabada que se comenzó a levantar hace 50 años. Solo falta el visto bueno de Costas para llevar a cabo la retirada mediante corte pieza a pieza.
No habrá explosión ni derribo con pala. El proyecto de retirada del edificio Lagomar se realizará por medio del corte de cada una de las 11 plantas, que serán desmanteladas en espiral desde arriba hacia abajo con la ayuda de máquinas de corte y grúas.
El trabajo no será fácil ni rápido para evitar daños al entorno, sobre todo al Mar Menor y al edificio colindante, el hotel Doblemar que se construyó como un gemelo del Lagomar. Hacer desaparecer la vieja estructura de cemento llevará unos 6 meses, según el proyecto que ha presentado la mercantil Intramanga Turística, sociedad limitada del abogado y heredero de una de las sagas más influyentes de la Región.
Heredero de la fortuna del Tío Lobo -de la que apenas quedan vestigios-, Maestre invertirá 679.000 euros en eliminar el esqueleto de cemento, que ha ido deteriorándose con el paso del tiempo, hasta el punto que el Ayuntamiento lo ha declarado en estado de ruina. Un informe técnico descartó el riesgo de derrumbe, pero la presencia del Lagomar tiene un influjo negativo en el entorno más allá del peligro físico.
De hecho, el Doblemar se ve obligado a rebajar el precio de las habitaciones que dan al edificio abandonado. Esta ruina afecta también a la parálisis del entorno, ya que su presencia refleja la actitud de dejadez de las administraciones y de la empresa propietaria durante décadas en La Manga.
Tras la retiradas del Lagomar queda otro asunto pendiente entre Maestre y el Ayuntamiento de San Javier. El último heredero de Miguel Zapata Sáez reclama a la administración local más de 700.000 euros por haber ocupado parte de un terreno de su propiedad, junto al Lagomar, como almacén municipal. Lo más sorprendente es que el Ayuntamiento lo usó sin mediar contrato alguno desde 2000 hasta 2018, ambos años incluidos.
El Ayuntamiento le reconoce a Maestre parte de la deuda, unos 400.000 euros, por el uso del solar, pero no la cantidad que corresponde al IBI del terreno, por lo que trasladó la consulta al Consejo Jurídico de la Comunidad Autónoma, que deberá pronunciarse sobre el caso.
