Una cosa es la ley sobre el papel y otra distinta su grado de aplicación sobre el terreno. Esta semana han entrado en vigor las nuevas medidas de la Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor, pero no se traduce en una aplicación inmediata. El programa de actuación para el control de nitratos está aún en proceso de evaluación ambiental, el Registro de Expedientes Sancionadores no se puede consultar y aún no se han plantado las barreras vegetales en los cultivos.
Desde el pasado lunes entran en vigor las restricciones agrarias en la franja de la Zona 1 de protección del Mar Menor. Un total de 1.040 hectáreas de regadío se ven afectadas por estas limitaciones al encontrarse en los primeros 1.500 metros desde la orilla del Mar Menor. La Ley solo permite en esa franja la agricultura ecológica, sostenible y de precisión para crear un cinturón de protección y evitar tanto los arrastres de sustancias contaminantes en superficie, como la filtración de nitratos en el área más próxima a la laguna.
La Ley del Mar Menor entró en vigor el 2 de agosto, pero el calendario pactado entre el PP, PSOE y Cs prevé la aplicación de más de 130 medidas en diferentes plazos. Sin embargo el nuevo Programa de Actuación para el control de la contaminación por nitratos se encuentra aún en proceso de evaluación ambiental, con lo que llega con retraso con respecto a la Ley.
¿Y cómo hacer cumplir ahora las restricciones en el perímetro de la laguna, la zona más sensible? La Consejería de Agricultura, Agua, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente creó la Unidad Agroambiental, que cuenta con 7 agentes ambientales, además de un equipo de 5 técnicos, 3 jurídicos y dos auxiliares.
Según los datos de la Consejería, los 7 agentes han realizado ya 281 inspecciones en materia de nitratos, además de las 267 inspecciones de explotaciones agrícolas, de las que se han derivado 144 sanciones por el incumplimiento de medidas contempladas en la Ley del Mar Menor. Han realizado también 50 expedientes de restitución de terreno con informe técnico para su inicio. Un total de 22 expedientes de restitución de terreno ya están iniciados, según informa la Consejería.
En cuanto a la obligación de destinar el 5% de las parcelas a la retención de nutrientes en toda la cuenca, tambien avanza con lentitud. Se han presentado 2.000 declaraciones responsables para la implantación de setos, aunque en la Zona 1 tienen hasta febrero de 2021 para su ejecución. En la Zona 2 el plazo se prolonga hasta octubre de 2021.
Otra medida que se activa esta semana es la construcción de sistemas de recogida de aguas de lluvia para los invernaderos de la cuenca, con el fin de que compensen la merma que suponen en la capacidad de absorción del terreno. Según la Consejería, la recogida de pluviales «se encuentra incluida en las fichas de inspección de los invernaderos que superan la media hectárea de superficie». Para los de menor superficie, esta medida entra en vigor el 1 de agosto de 2021.
En cuanto al Registro Público de Expedientes Sancionadores, la Consejería proyecta utilizar «el portal donde se van integrando todos los expedientes abiertos» y convertirlo en una plataforma de acceso público para que sea accesible a cualquier ciudadano, según establece la Ley, aunque con las garantías de la protección de datos.
