El Mar Menor se convirtió ayer, miércoles, en el primer ecosistema europeo con representación jurídica propia en una sala de vistas, aunque su debut en el Juzgado de lo Penal 2 de Cartagena terminó en un choque legal.
Por primera vez, un colectivo ciudadano —la Asociación Alianza Mar Menor (Amarme)— ejerció la acusación particular en aplicación de la ley de personalidad jurídica del ecosistema. En el banquillo, un empresario agrícola de La Puebla aceptó haber vertido 70.500 metros cúbicos de aguas con nitratos desde una desaladora ilegal entre 2015 y 2016. Sin embargo, lo que debía ser un hito histórico derivó en polémica cuando el juez, Álvaro Bellas Dublang, validó un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y la defensa al que la acusación popular se opuso frontalmente.
El empresario, A. S. I., se declaró culpable de un delito contra el medio ambiente, aceptando una pena de 15 meses de prisión (suspendida), una multa de 900 euros e indemnizaciones que suman unos 26.700 euros. Para la plataforma ciudadana, este pacto es «nulo». El letrado Sergio Marco, que además ejerce como gerente de la Tutoría del Mar Menor, anunció un recurso ante la Audiencia Provincial alegando que el Código Penal prohíbe cerrar acuerdos si una de las acusaciones no está conforme.
Este caso es la sexta condena del ‘caso Topillo’, una macrocausa que investiga la contaminación sistemática de la laguna. Según datos de la organización internacional ClientEarth, el reconocimiento de derechos a la naturaleza es una tendencia al alza para frenar la impunidad ambiental, pero el caso del ecosistema murciano demuestra que la aplicación práctica de estos derechos enfrenta aún grandes resistencias en el sistema judicial tradicional.
Lo esencial:
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Acusado: Dueño de una finca en La Puebla (sexto condenado del ‘caso Topillo’).
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Vertido: 70.500 m³ de salmuera con nitratos mediante desaladora ilegal.
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Pena pactada: 1 año y 3 meses de cárcel (suspendida) y 9 meses de inhabilitación.
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Indemnizaciones: 17.216 euros al Estado y 9.539 euros a la Comunidad Autónoma.
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Conflicto: La acusación particular pide la nulidad del juicio por indefensión y oposición al pacto.
¿Crees que las multas económicas son suficientes para disuadir a las grandes explotaciones agrícolas de contaminar los ecosistemas como el Mar Menor?
¿Por qué te puede interesar?
Este juicio marca un antes y un después en tu derecho a defender el entorno donde vives. Por primera vez, los vecinos tienen una silla en el tribunal para hablar en nombre del Mar Menor. El desenlace de este recurso determinará si las asociaciones ciudadanas pueden exigir penas más duras o si el futuro de la laguna seguirá decidiéndose en despachos cerrados entre defensas y fiscales.
¿Qué sabes del caso ‘Topillo’?
Es el procedimiento judicial más complejo de la historia ambiental de la Región de Murcia. Se investiga el vertido continuado de salmueras con nitratos al Mar Menor a través de pozos y desoladoras ilegales.
Estos son los hitos fundamentales basados en las diligencias del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia:
2017: El inicio del cerco judicial
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Febrero de 2017: La Fiscalía de Medio Ambiente presenta una querella tras años de denuncias de colectivos ecologistas. El juez Ángel Garrote abre las diligencias previas por presuntos delitos de prevaricación y contra el medio ambiente.
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Octubre de 2017: Se producen las primeras declaraciones de investigados. El caso recibe su nombre («Topillo») en alusión a la maquinaria clandestina que operaba bajo tierra (tuberías y pozos ciegos).
2018 – 2019: Ampliación de la trama
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Investigación de las desoladoras: La Guardia Civil (SEPRONA) identifica más de un centenar de máquinas desoladoras ilegales en explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena que vertían el rechazo (salmuera) al canal del Albujón o directamente al acuífero.
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Imputaciones políticas: Se imputa a altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y de la Consejería de Agricultura por «omisión del deber de perseguir delitos» y permitir vertidos sin control durante años.
2020: El cierre de la instrucción
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Octubre de 2020: El juez dicta el auto de procesamiento. Concluye que se vertieron millones de metros cúbicos de nutrientes al Mar Menor, provocando el episodio de anoxia de 2019.
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Cifras finales: La causa se dirige contra más de 60 empresas agrícolas, propietarios de fincas y ex-altos cargos políticos.
2021 – 2023: Fase de recursos y apertura de juicio
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Recursos de las defensas: Las empresas implicadas presentan numerosos recursos alegando que la contaminación procedía de múltiples fuentes y que no se puede individualizar el daño de cada parcela.
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Junio de 2022: La Audiencia Provincial confirma la mayoría de los procesamientos, allanando el camino hacia el banquillo.
2024 – 2025: Actualidad y fragmentación de la causa
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Separación de piezas: Debido al volumen ingente de acusados (más de 60), el caso se ha dividido en piezas para facilitar la celebración de los juicios. Las vistas principales se derivan a la Audiencia Provincial de Murcia y a los juzgados de lo Penal.
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Estado actual: Se están fijando los calendarios para las declaraciones finales y la apertura de las vistas orales, con peticiones de penas que, en algunos casos, superan los 5 años de prisión y multas millonarias por daños ecológicos.
Datos clave del proceso (Fuente: Tribunal Superior de Justicia de Murcia)
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Principales acusados: El ex-comisario de Aguas de la CHS, Manuel Aldeguer; el ex-consejero de Agricultura, Antonio Cerdá; y directivos de las mayores potencias hortofrutícolas de la zona.
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El delito: Vertidos de nitratos a través del acuífero cuaternario y de tuberías ilegales conectadas a la red pública de drenaje.
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Impacto: Se estima que la ‘sopa verde’ de 2016 y la mortandad de peces de 2019 y 2021 tienen su origen técnico en la carga de nutrientes investigada en este proceso.
