El Mar Menor es ya el primer ecosistema de Europa con personalidad jurídica, después de que el Senado refrendara el pasado miércoles la Ley que llegó al Congreso y después a la Cámara Alta con el respaldo de 639.826 firmas de ciudadanos de toda España. ¿Y ahora qué? La catedrática de Filosofía del Derecho, Teresa Vicente, da las claves de la nueva forma de representación de la laguna.
¿Quiénes ejercerán la representación legal del Mar Menor y cómo serán elegidos?
Tienen que formar parte las tres administraciones, la estatal, la regional y las locales, pero siempre con mayoría de representantes ciudadanos. Se creará el Comité de Representantes, con tres miembros del Estado, tres de la Comunidad Autónoma y 7 de la ciudadanía. Habrá una Comisión de Seguimiento, integrada por los alcaldes de los 7 municipios de ribera y de la cuenca, más 8 representantes de los grupos sociales y económicos (los pescadores, los vecinos, el sector turístico…). Cada uno de estos colectivos nombra a un guardián del Mar Menor. Y además hay un Comité Científico, integrado por científicos independientes y de prestigio. Los tres órganos forman la Defensoría del Mar Menor, que ayudará a decidir qué denuncias ciudadanas pueden presentarse en los juzgados, con la opinión de los científicos independientes que participan. Se trata de hacer efectiva la participación ciudadana.
¿Qué otras acciones podrán ejercer estos órganos representativos del Mar Menor? ¿Solo de vigilancia?
Vigilancia y control, pero también podrán proponer acciones que hagan valer a las administraciones. Tendrán además que dar información periódica sobre el cumplimiento de su misión.
¿Por qué se equivocan quienes ven un medio para obtener subvenciones o sueldos oficiales?
Los trabajos de los que representen al Mar Menor en los nuevos órganos serán no remunerados.
¿Qué resultados ha dado la personalidad jurídica en los espacios naturales de otros países donde ha sido reconocida?
Hay algunos casos que han llegado a procesos judiciales y otros no, pero en todos los casos los ecosistemas han mejorado y ha dado lugar a estudios. El caso del lago Erie es distinto, porque un juez le quitó los derechos debido a que se encuentra en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, después de que el pueblo de Toledo (Ohio) se había quedado sin la base de su supervivencia y empezaron a aparecer casos de niños con problemas nerviosos. Le redactaron la carta de derechos, pero todo el lobby agropecuario recurrió, lo llevaron a los tribunales de Estados Unidos y una sentencia dijo que la retiraban por el problema de jurisdicción. El río Atrato, en Colombia, tiene un comité de seguimiento y ha evolucionado favorablemente. He estado con las mujeres colombianas defensoras de la naturaleza y confirman que está mejor. Todos le dan más valor.
El río Vilcabamba (Ecuador) ha llegado a un juicio contra una empresa contaminante. Una mujer lo denunció, y el juez ordenó que parara la actividad y se reparara el daño. A un monte en Japón le han dado también derechos. Cada día van surgiendo nuevas iniciativas similares.
¿Habrá que cambiar el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia?
El Estatuto de Autonomía se tendrá que adaptar al cumplimiento de esta ley estatal. Igual que los derechos de los niños obligaron a modificar las leyes. Cuando se aprobó la Constitución hubo que cambiar todo. También supondrá un cambio en el Código Civil. Esto supone una lección prioritaria a favor de la naturaleza. Limitará los costes económicos para que las personas puedan ejercer el derecho a denunciar las agresiones al Mar Menor, con la posibilidad de eliminar los costes e incluso que se les pague si se obtiene una sentencia favorable. La Defensoría del Mar Menor contará con científicos independientes que decidirán si hay que abrir un procedimiento judicial. La mediación tendrá un papel importante para desjudicializar muchas causas y no colapsar los juzgados.
Hay dos sentencias recientes del Tribunal Superior de Justicia, una es la que ordena restaurar 9 hectáreas de regadío ilegal y otra en el ‘caso Topillo’, que empieza en 2017 y aún está ahí. Con la personalidad jurídica no tendremos que esperar a un procedimiento penal. Si se demuestra el daño, hay que parar la actividad. Esta figura acelerará la decisión y dotará al sistema de mecanismos.
