La anulación del proyecto del paseo marítimo en La Manga del Mar Menor, por parte de la Audiencia Nacional, a instancia de unos empresarios hosteleros, ha provocado opiniones enfrentadas en la zona. El Ministerio de Medio Ambiente contemplaba la construcción de un paseo marítimo en la playa de Marchamalo, para lo que debía llevarse a cabo la expropiación de la terraza de algunos bares y viviendas.
El freno a una de las más antiguas reivindicaciones de los vecinos de La Manga ha encendido la chispa entre los vecinos y empresarios de la zona entre los que apoyan la iniciativa y los que no apoyan la expropiación de locales y terrazas para construir el paseo marítimo de 744 metros. El proyecto cuenta con un presupuesto de casi cinco millones de euros.
La Audiencia Nacional ha tenido en cuenta «los efectos desfavorables para algunos de los afectos». La postura del Ministerio defendía que el proyecto de paseo marítimo iba a tener efectos favorables para la mayor parte de los afectados y ciudadanos en general, además de señalar que a la hora de valorar los distintos intereses del conflicto, el objeto más relevante será el de la recuperación de terrenos para uso público. La obra incluía la expropiación de terrazas y locales, a cuyos propietarios se iba a indemnizar económicamente, además de que se preveía la limitación del uso y aprovechamiento actuales para garantizar el espacio de paseo marítimo y recuperar algunos accesos rodados y peatonales en algunas zonas de uso público que han sido ocupadas. El Ministerio recordó que algunos negocios privados invaden parte de la servidumbre de tránsito y de protección del dominio público. En el proyecto se previó ampliar la anchura de la zona de servidumbre e instalar quioscos e instalaciones desmontables al igual que en la mayoría de las zonas costeras.
El recurso fue promovido por los empresarios hosteleros Laurent y Stephan Sixou, propietarios del restaurante Borsalino, aunque beneficia a otros dueños de establecimientos y chalés y piscinas construidas en primera línea de playa. El Ministerio aún puede presentar recurso ante el Tribunal Supremo.
