El acceso a la vivienda sigue marcando la vida de cientos de familias en la comarca del Mar Menor. Cuando la avalancha de desahucios hipotecarios quedó atrás con el primer golpe de la crisis, se intensifican los desalojos judiciales de casas en alquiler, que han aumentado un 50% en el último año, según datos de la Plataforma AntiDesahucios Mar Menor. Hoy, lunes, se han manifestado en la puerta del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para pedir viviendas sociales.
«Pedimos la creación de un parque de viviendas sociales y de una oficina municipal de la vivienda, que atienda y resuelva los problemas de las familias para acceder a un hogar digno», explicó la portavoz de la Plataforma, Charo Tárraga. Los afectados se quejan de que «los bancos y los fondos buitre se niegan a negociar alquileres sociales, y las administraciones no nos aportan soluciones a un derecho que está recogido en el artículo 47 de la Constitución», aseguran en un manifiesto que han leído esta mañana en la puerta del Consistorio.
Los dos desalojos más inminentes afectan a dos familias numerosas. Una de ellas es la de Hmida Zammouti, padre de cuatro hijos, de 8, 6, 4 y dos años, trabajador agrícola en situación de baja médica por una lesión en las cervicales. Cajamar reclama el desahucio de la vivienda donde vive con su familia, a pesar de que Hmida asegura que ha pagado el alquiler durante todo el último año. «El propietario me cobraba el alquiler pero no quiso hacerme contrato«, explica el afectado. El Juzgado de San Javier ya ha dado aviso de lanzamiento para el próximo miércoles, 27 de junio.
Para el lunes, 2 de julio, tiene fijado el Juzgado el desalojo de Lidia Martínez y sus seis hijos en la vivienda que ocupan en San Javier desde hace dos años. Divorciada hace dos años tras lograr una sentencia a su favor por los malos tratos recibidos de su exmarido, a la joven madre le sobreviene el temor de no saber dónde realojar a su familia numerosa. «Mis hijos ya han sufrido bastante», asegura.
