Primeros fueron los fiscales, a los que el Ministerio de Justicia cortó el grifo del gasto en desplazamientos desde Cartagena a los juzgados de San Javier, lo que provocó que tomaran declaración por teléfono y asistieran a los juicios un solo día a la semana. Ahora son los funcionarios de los juzgados, que tendrán que pagar de su bolsillo los gastos de desplazamiento cuando tengan que salir a comunicar embargos, lanzamientos u otras gestiones. Justicia dice que se los reembolsará después.
“No vendrá el fiscal, tendrá que hablar con él por teléfono”, informan los funcionarios del Juzgado de guardia del partido judicial de San Javier a los abogados que acuden con sus defendidos. La decisión del Ministerio de Justicia de dejar de pagar los taxis que trasladaban a los fiscales a sus comparecencias en San Javier, se ha traducido en una modalidad de fiscal telefónico.
El recorte de los taxis llevó además aparejada un cambio de calado en el sistema interno de los juzgados comarcales, que atienden a los municipios de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Torre Pacheco: los juicios con fiscal se celebran solo los martes para evitar en la medida de lo posible los desplazamientos de los fiscales, con la excepción de casos de gravedad que puedan surgir, según informaron fuentes del Juzgado de San Javier. «Dilatará en el tiempo la espera de los señalamientos», reconoció el juez decano.
Ahora le toca el turno a los funcionarios de menor rango que tienen que salir a realizar actos de comunicación. El MInisterio de Justicia ha emitido una instrucción por la cual estos trabajadores de la administración tendrán que abonar de su bolsillo dichos gastos con la promesa de que se les reembolsarán los importes posteriormente pero «tras las comprobaciones que sean precisas», añade la orden ministerial. Los sindicatos ya han mostrado su rechazo de plano y han pedido a los funcionarios que no lleven a cabo los desembolsos. Recuerdan que estos gastos pueden suponer unas facturas mensuales de entre 500 y 1.000 euros que los funcionarios tendrían que aportar de su sueldo.
Los agentes judiciales en ocasiones tienen que desplazarse no solo por el casco urbano de las ciudades, sino a pedanías, zonas rurales y a otros municipios que depende del juzgado central. En el caso de San Javier, cabecera del partido judicial, los funcionarios deben trasladarse a diario a Torre Pacheco, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, aunque algunas de estas gestiones y notificaciones las realizan también los juzgados de paz de dichos municipios.
