San Javier marca un hito en su gestión urbanística. El Ayuntamiento asumirá la evaluación de impacto ambiental de proyectos privados para «agilizar los trámites que hasta ahora dependían de la Comunidad Autónoma», según explica el concejal de Urbanismo, Antonio Martínez Torrecillas. Esta medida, aprobada en el último Pleno, busca simplificar el proceso para futuros desarrollos urbanísticos. El PSOE se opuso: «La evaluación ambiental debe contar con un control ajeno», dijo el portavoz, Pedro Górriz.
Agilidad en trámites urbanísticos
La decisión, respaldada por los votos del Partido Popular y Pleamar, y con la oposición del PSOE y la abstención de Vox, permitirá al Consistorio expedir los estudios de impacto ambiental de planes urbanísticos de iniciativa privada. Hasta la fecha, esta labor recaía en la Comunidad Autónoma, lo que, según el concejal de Urbanismo generaba «lentitud» y «duplicidad» en los trámites. Martínez defendió el acuerdo con el Gobierno regional como «uno de los más importantes de la legislatura, porque el Ayuntamiento será órgano ambiental, lo que agilizará trámites y nos permitirá coordinar los desarrollos con nuestras normas subsidiarias».
Por su parte, el portavoz socialista, Pedro Górriz, criticó la medida, calificándola de «nuevo alarde de incompetencia del PP en la Comunidad Autónoma, que no asume su responsabilidad y descarga este trabajo en el Ayuntamiento». Górriz advirtió sobre la «carga de trabajo» para los funcionarios municipales y la necesidad de que la evaluación ambiental «permanezca bajo un control ajeno» al Ayuntamiento.
Hacienda de Roda y expansión industrial
Entre los primeros proyectos que evaluará el Ayuntamiento con esta nueva competencia se encuentra una promoción de viviendas en la Hacienda de Roda, una casona de 1610 ligada a los herederos del Marqués de Rozalejo. Esta urbanización, que se levantará en terrenos de 17.498 metros cuadrados, se suma a otros desarrollos residenciales que han proliferado en las cercanías de la histórica finca. Cabe destacar que la Región de Murcia ha experimentado un crecimiento urbanístico constante en las últimas décadas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población de San Javier ha aumentado un 15% en los últimos diez años, lo que genera una presión sobre el desarrollo de nuevas infraestructuras.
Asimismo, el Ayuntamiento prevé evaluar la creación de naves industriales en un polígono de 500.000 metros cuadrados, propiedad de la empresa Himoinsa, ubicada junto a la autovía del Mar Menor. Se estima que el Consistorio gestionará aproximadamente cinco desarrollos urbanísticos antes de fin de año con estas nuevas atribuciones.
Mecanismos de control y otros municipios
Para garantizar la transparencia y el seguimiento de estos procesos, se establecerá una comisión presidida por el director general de Medio Ambiente y el alcalde, con participación de técnicos y juristas de ambas administraciones. La Dirección General de Medio Ambiente seguirá siendo la instancia para resolver posibles recursos. Aunque los técnicos municipales recibirán formación específica, no podrán emitir dictámenes sobre planes parciales o modificaciones de normas urbanísticas, que seguirán siendo competencia regional.
San Javier se une así a municipios como Águilas, Mazarrón y Alcantarilla, que voluntariamente solicitaron esta delegación de competencias ofrecida por la Comunidad Autónoma a los municipios de menos de 50.000 habitantes, sumándose a los de mayor tamaño como Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura, que ya contaban con ellas. El convenio tendrá una duración de cinco años.
Lo esencial:
- Competencia asumida: Evaluación de impacto ambiental de proyectos urbanísticos privados.
- Votos a favor: PP y Pleamar.
- Votos en contra: PSOE.
- Abstención: Vox.
- Desarrollos urbanísticos a evaluar (estimado): 5 hasta fin de año.
- Proyectos destacados: Promoción de viviendas en Hacienda de Roda (17.498 m²), naves industriales Himoinsa (500.000 m²).
- Municipios con similar competencia: Águilas, Mazarrón, Alcantarilla, Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura.
- Duración del convenio: 5 años.
¿Por qué te puede interesar?
La centralización de las evaluaciones ambientales en el Ayuntamiento agilizará la aprobación de nuevos desarrollos urbanísticos, lo que podría significar una expansión más rápida de viviendas, comercios o polígonos industriales en la zona. Esto podría influir en el mercado inmobiliario, la generación de empleo y la disponibilidad de servicios. Si eres propietario, inversor o simplemente un ciudadano preocupado por el futuro de tu municipio, este cambio en la gestión local del impacto ambiental es relevante para entender cómo se configurará el entorno en los próximos años.
