La costa del Mar Menor es una hilera de contradicciones. La aplicación de la Ley de Costas ha dejado luces y sombras, de manera que enormes bloques proyectan su sombra sobre la laguna, mientras que instalaciones singulares y edificios históricos desaparecen por dejadez de sus propietarios, ante la pasividad de las administraciones, o por imperativo legal, allí donde Costas ha puesto el punto de mira.
La demolición de una de las pescaderías de La Ribera, la lonja de Miguel, por la finalización de la concesión que ha tenido durante casi 50 años para ocupar la zona de dominio público, ha situado en primera plana la actuación de Costas. La demolición de la otra lonja es cuestión de tiempo.
Numerosos vecinos se manifestaron en contra del posible derribo, autorizado por el Juzgado de Cartagena, en una protesta colectiva por la eliminación de un negocio emblemático de La Ribera, que además sirve de imán para la llegada de turistas. El apoyo popular a la lonja hizo que incluso sacaran la imagen de San Blas. A su vecina igualmente le llegará su hora por la caducidad de las concesiones para ocupar la costa pública.
Las luces y sombras de la aplicación de la Ley de Costas en el Mar Menor deja ver la clara liberación de la franja de dominio público, como en el derribo de las lonjas, pero en cambio permite otras actuaciones de dudoso beneficio para la línea costera, el paisaje e incluso el medio ambiente. La lista de despropósitos la encabeza la invasión de barcos descontrolados en la playa de La Ribera, a escasos metros de la pescadería que Costas quiere derribar. Decenas de propietarios de embarcaciones echan sus bloques de cemento al fondo protegido del Mar Menor para ahorrarse el pago de un punto de amarre. Así, Costas tuvo que retirar hace unos meses cientos de muertos de cemento, pero aún así no da una solución para el atraque ordenado de los barcos privados, que cada vez son más.
Otra actuación contradictoria es la licencia que otorgó para construir el centro de actividades náuticas en la costa de Lo Pagán, un bloque de cemento al filo de la laguna que oculta el paisaje como pocas construcciones en la zona, al más puro estilo de La Manga. Otro caso sin explicación es el del Miramar, el viejo restaurante que, en nuevas manos, ha sido restaurado aumentando considerablemente el volumen en plena playa, a escasos centímetros del agua pero que, sin embargo, no fue considerado dentro del espacio público marítimo terrestre. Un empresario local que tiene su negocio en primera línea de mar, afectado por el aumento de la edificabilidad ha denunciado el caso ante el Defensor del Pueblo de la Región. El informe de esta institución regional no tiene capacidad vinculante pero servirá para arrojar algo de luz a la situación del edificio.
