El campo de Cartagena tiene 1.600 hectáreas de regadío ilegal localizadas, o lo que es lo mismo, una superficie equivalente a 275,8 veces la superficie de juego del Camp Nou, pero se estima que puede llegar a las 9,500 hectáreas. La Confederación Hidrográfica ha abierto espediente a 147 titulares por regar fuera de la superficie para la que tienen concesión administrativa. Además, hay 207 expedientes abiertos por uso ilícito de aguas, más del doble que los registrados en 2018.
Desde que en junio de 2018 el Ministerio de Transición Ecológica lanzara una instrucción para reforzar las inspecciones en todas las confederaciones hidrográficas, la CHS ha reforzado la vigilancia y control del Dominio Público Hidráulico, intensificando la acción de inspección de las superficies de riego, pozos y desalobradoras, y reforzando los medios personales necesarios para el desarrollo de esta labor.
Estas tareas se centran en la definición de las parcelas a las que no se encuentra asociado ningún aprovechamiento inscrito en el Registro o Catálogo de Aguas; la inspección y, en su caso, la instrucción de procedimientos sancionadores (con los cierres de actividad correspondientes) a aquellos predios que incumplan el marco normativo vigente, y la inspección y, en su caso, clausura de las estaciones desalobradoras.
Así, sólo en el campo de Cartagena se ha duplicado el número de expedientes sancionadores abiertos, pasando de 92 en 2018, a 207 en lo que llevamos de 2019 (expedientes por uso privativo de aguas sin autorización, modificación del perímetro de riego, construcción de pozos e incumplimiento de la orden de clausura). Además, en lo que llevamos de año el organismo de cuenca ha abierto por estos mismos motivos 641 expedientes sancionadores en toda la cuenca del Segura.
Los expedientes abiertos hasta el momento en el Campo de Cartagena por regar fuera de la superficie de riego para la que se tiene concesión, esto es, regadío ilegal, ascienden a 147 desde agosto de 2018, y se corresponden aproximadamente con unas 1.600 hectáreas. El refuerzo en la vigilancia e inspección permitirá a la CHS seguir trabajando, pues los datos preliminares que maneja este organismo estiman la existencia de al menos unas 9.500 hectáreas sin concesión en el Registro de Aguas de la confederación captadas por teledetección en el Campo de Cartagena.
PRESIÓN DEL REGADÍO ILEGAL
La CHS tiene potestad sancionadora si detecta pozos ilegales, regadíos y vertidos no autorizados, pero es la administración autonómica la que debe desmantelar esos regadíos ilegales, según quedó establecido en la Ley 1/2018 de Medidas Urgentes del Mar Menor, que además establece la obligación de restituir toda superficie situada fuera del perímetro del regadío legal a sus condiciones originales (agricultura de secano o vegetación natural), por lo que ahora la confederación dará traslado de los expedientes a la Comunidad Autónoma.
En este sentido, se ha acordado consolidar el espacio de trabajo bilateral iniciado hoy entre la Administración General del Estado y la administración autonómica sobre el Mar Menor para reforzar la coordinación entre ambas administraciones y garantizar el seguimiento continuo de la aplicación de sanciones (precintado explotaciones agrarias, cierre de desalobradoras y medidas de restitución a la situación anterior).
