El Ayuntamiento ha dado ya el paso decisivo para derribar el edificio Lagomar, de La Manga. La empresa propietaria del edificio fantas, Intramanga Turística, que controla Tomás Maestre, ha dejado pasar los plazos de las autorizaciones que tenía por parte de Costas y de la Comunidad Autónoma, para desmontar la estructura en ruinas. Ahora el Ayuntamiento tendrá que pagar con dinero público los 1.010.592 euros del derribo.
El Ayuntamiento de San Javier acaba de ofertar la contratación de las obras de demolición de la estructura 'fantasma' de 12 plantas para que empiecen el próximo octubre con el fin de evitar las considerables molestias que podría generar durante el verano, cuando se concentran en La Manga los turistas.
El Gobierno local justifica su acción subsidiaria "ante la inacción de los propietarios", lo que costará a las arcas públicas 1.010.592 euros para derribar esta torre inacabada del pasado. Los trabajos de corte y desmontaje por piezas llevarán tres meses, con las protecciones impuestas para la protección del Mar Menor.
El empresario y abogado Tomás Maestre, dueño de Intramanga Turística S.L., titular de la finca de 18.800 metros cuadrados donde se alza el edificio inacabado, niega la inacción que le atribuye el Ayuntamiento. Maestre asegura que "aún no hace un mes que presentamos el oportuno proyecto técnico con las últimas exigencias municipales".
El Ayuntamiento asegura que este edificio en ruinas ha causado ya un perjuicio al entorno, sobre todo al hotel de cuatro estrellas Doblemar, que se alza al lado. La administración local y Tomás Maestre mantienen un pulso con el edificio Lagomar, en el que intervienen los alquileres impagados por el Ayuntamiento al empresario por haber ocupado una parcela de su propiedad durante 8 años por los servicios municipales.
el Gobierno local le reclamará el millón largo de euros del derribo, más los recibos de IBI impagados desde el origen del edificio, que suman ya más de medio millón de euros "y lo que sigue aumentando cada mes", señala el edil. También le exigirá el pago de "todas las cuantías imputables por los incumplimientos de la orden de derribo, como el vallado y el coste de la inspección del laboratorio".
