El nuevo servicio de recogida de basuras empezará a funcionar el 16 de octubre en San Pedro del Pinatar. Las denuncias judiciales presentadas por la mercantil que ha prestado el servicio hasta ahora no retrasarán su puesta en marcha. Así lo ha confirmado el alcalde, Pedro Javier Sánchez, quien defiende la limpìeza del proceso que ha motivado la querella por prevaricación que le acusa de aprobar la adjudicación con una mayoría insuficiente.
"Ha sido un proceso largo, pero pronto tendremos un servicio renovado, con una maquinaria nueva y contenedores suficientes para la recogida de residuos urbanos, de podas, un ecoparque móvil y otras mejoras", destaca el alcalde. El uso de vehículos a gas, menos contaminantes, han llevado a la empresa adjudicataria del nuevo contrato, STV, a proyectar la instalación de una gasinera para uso interno.
"El anterior contrato tiene origen en los años noventa, con una población que no tiene nada que ver con las necesidades actuales", indica el alcalde. Entre las novedades estará la implantación del contenedor marrón para residuos orgánicos. Está previsto aumentar las frecuencias de recogida de enseres, para evitar escenas que se han repetido en los últimos años en las calles de San Pedro del Pinatar, como ocurrió con lo que los vecinos llamaron 'el misterio de los colchones'. Numerosos colchones aparecieron tirados junto a los contenedores, en esquinas y rotondas como consecuencia de la decisión de un negocio local, que optó por sacarlos a la calle. (En la foto, una calle de San Pedro del Pinatar invadida por colchones y enseres)
La empresa dispone de cuatro meses y medio para incorporar la nueva maquinaria e instalar los nuevos contenedores, completar las rutas y poner en marcha el ecoparque móvil.
EL MAYOR CONTRATO ENVUELTO EN DENUNCIAS
Es el mayor contrato de los que ha adjudicado el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, por valor de 21 millones de euros para los próximos 10 años. El Gobierno local del PP lo licitó en oferta pública en 2022 y lo adjudicó el pasado diciembre de 2023, aunque ha motivado denuncias judiciales de principio a fin. La sociedad cooperativa León y Ferrer, que ha prestado el servicio hasta ahora, recurrió el pliego de condiciones ante el Tribunal de Actividades Contractuales (TAC), que paralizó el proceso.
tras subsanar los términos señalados, el Ayuntamiento ofertó de nuevo los pliegos en agosto de 2022. Un nuevo recurso ante el TAC se resolvió a favor de la administración local. Sin embargo aún quedan pendientes de resolución la denuncia administrativa contra los pleigos y la presentada contra dos técnicos de la Mesa de Contratación.
Esta semana se ha sumado una querella por prevaricación contra el alcalde por haber adjudicado el contrato con un quórum insuficiente, según consta en la denuncia del Juzgado de San Javier. León y Ferrer le acusa de haber firmado la nueva contrata aprobada con una mayoría simple -los 9 votos del PP frente a los 8 del PSOE y Vox, ya que faltó una concejal socialista, con la abstención de los tres independientes- cuando la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local exigen mayoría absoluta para conceder servicios por más de 5 años y cuyo valor estimado sea superior al 20% de los ingresos municipales.
Sobre la querella, el alcalde asegura que "como se ha actuado con absoluto respeto a la legalidad, con transparencia, publicidad y objetividad, estamos totalmente tranquilos y confiamos en la Justicia".