Jesús Galindo Sánchez
La legislatura que acaba de comenzar promete ser muy intensa e interesante. Sobre todo porque viene cargada de promesas de cambio y de modificaciones, que podrían afectar incluso a la Carta Magna. Mucho es el trabajo que se les acumula a Sus Señorías en un periodo legislativo que, por otra parte, aparece algo inestable, al no existir ningún pacto de legislatura que garantice la continuidad de la misma.
Cuestiones como el pacto por la educación, que exige la elaboración de una nueva Ley (la octava desde que se implantó el actual periodo democrático), que venga a solucionar de una vez por todas las innumerables deficiencias que en este campo se han acumulado, producto del desencuentro entre los distintos partidos que han gobernado a lo largo de estos años; La revisión de la Ley electoral, que impida el lamentable espectáculo que hemos dado recientemente, con casi un año de gobierno en funciones, y un país casi paralizado administrativamente; o la reforma de la Constitución, donde –entre otros aspectos- habrá que acometer el problema del encaje territorial de los territorios “históricos”, son –junto a la revisión del “Pacto de Toledo”, y el consiguiente afianzamiento de nuestro sistema de pensiones- algunas de las tareas pendientes que tienen por delante nuestros representantes, elegidos democráticamente por nosotros, y a los que les hemos dado un mandato para que solucionen este tipo de problemas.
Sin embargo frente a estas reformas muy importantes, sin duda, pero que al ciudadano les quedan un poco lejos y, en algunos casos, difíciles de entender por la complejidad de las mismas, están otras mucho más fáciles de interpretar y, sobre todo, que le afectan por igual a toda la sociedad. No hay más que poner atención a lo que se comenta en la calle, o a aquellas informaciones que, de forma habitual, recibimos a través de las redes sociales. Convendrán conmigo que todos aquellos que en mayor o menor grado sufrimos el acoso de una aplicación llamada ‘WhatsApp’, nos vemos invadidos, casi a diario, con diversos mensajes en los que los ciudadanos se hacen preguntas, quejándose de la indiferencia mostrada por parte de la clase política y demandando a nuestros representantes legislativos que corrijan una serie de arbitrariedades que, en la mayoría de los casos, se han convertido en unas verdaderas situaciones de privilegio, que no deberían mantenerse en una sociedad justa e igualitaria.
A continuación me voy a limitar a refundir algunas de ellas y a ofrecérselas como resumen de una realidad que, espero, algún día deje de serla para convertirse en un recuerdo de algo que jamás debió haber sucedido.
Hay que hacer algo para impedir que un ciudadano tenga que cotizar 35 o 40 años si quiere percibir una jubilación, y a los diputados les baste sólo con siete. Un español tiene una pensión máxima de 32.000 euros anuales, pero los políticos tienen derecho a pensiones, en algunos casos, vitalicias, y en otros muy superiores a 60.000 euros, y ¡compatibles con otras!.
Hay que hacer algo para conseguir que Sus Señorías no tengan seis meses de vacaciones al año, o que la retención de las nóminas de diputados y senadores sea sólo del 4,5%, cuando hay trabajadores a los que les retienen el 20% o más.
Hay que hacer algo para no permitir que el salario mínimo de un trabajador sea de 655 €/mes y el de un diputado de 3.683; pudiendo llegar, con dietas y otras prebendas, a superar los 6.000 €/mes.
Hay que hacer algo para impedir que un profesor, un maestro, un catedrático de universidad o un cirujano de la sanidad pública, ganen menos que el concejal de festejos de un ayuntamiento de tercera.
Hay que hacer algo para lograr que no haya 65.130 liberados sindicales y 31.210 representantes de las patronales, que pagamos entre todos gracias a los privilegios de que disfrutan este tipo de organizaciones. Así como 1.206 parlamentarios autonómicos y más de 1.000 entre diputados de Diputaciones Provinciales y responsables de Cabildos Insulares. Tenemos que reducir el número de políticos que hay en España: tenemos casi 450.000 políticos (200.000 más que Alemania con el doble de población), y más que médicos, policías y bomberos ¡juntos de toda España!.
Hay que hacer algo para que los diputados no puedan utilizar a su antojo, y con cargo a las arcas del Estado, aviones, trenes o barcos, disponiendo para ello de 5.000.000 de euros al año para viajes.
Hay que hacer algo para lograr que los diputados del Congreso se dediquen en exclusiva a su labor política. Hasta ahora tan solo el 33% lo hace. El resto engorda sus cuentas corrientes con la participación en empresas privadas, fundaciones y otras colaboraciones.
Como podrán comprender, para evitar este tipo de desmanes y acometer las correspondientes reformas tan solo hay que tener voluntad política. No estamos hablando de grandes pactos de estado. Son meros privilegios que se han enquistado en la clase política gobernante y que son a ellos a los que les compete cambiar este régimen de prerrogativas del que están disfrutando en contraposición con el resto de los mortales a los que se les aplican otro tipo de políticas sociales y salariales, mucho más restrictivas y exentas de todo tipo de privilegios.
En un momento en el que se nos pide a toda la sociedad que nos apretemos el cinturón, no puede haber nadie (y menos quien está ejercitando el ejercicio de gobernar) que disfrute de unas ventajas que son más propias de regímenes totalitarios que de una sociedad madura y democrática como pretendemos sea la nuestra.
Yo les pido a nuestra clase política que no pierdan un segundo, que eliminen todo este tipo de “beneficios” de los que están disfrutando y que hagan honor a lo que pregonan ser: unos ciudadanos al servicio de la sociedad, que están desempeñando su labor de una forma sacrificada y por servir a su pueblo, a su ciudad o al sunsuncorda.
Sería un buen comienzo para volver a creer en “la casta”.
Jesús Norberto Galindo // Jesusn.galindo@hotmail.com
