Prensa nacional y extranjera, además de ciudadanos y asociaciones defensoras del Mar Menor acudirán este miércoles, 20 de mayo, al Palacio de Justicia de Cartagena. El Mar Menor defiende sus propios derechos en los tribunales por primera vez en una gran vista oral. Un proceso judicial que marca un antes y un después en la jurisprudencia ambiental española, al estrenarse de forma efectiva la Ley de Personalidad Jurídica de la laguna en la Audiencia Provincial.
El acusado es el administrador único de las mercantiles Ecosarete SL y Datelio SL, D. M. P., quien afronta una petición fiscal de siete años de prisión y 1,5 millones de euros entre multas e indemnizaciones. Según la acusación del Ministerio Público, una finca de 16 hectáreas en Mar de Cristal vertió directamente al suelo 162.345 metros cúbicos de rechazo de una desaladora clandestina entre 2015 y 2017.
Los informes del ecotoxicólogo forense Luis Burillo, pieza clave en la macrocausa del ‘caso Topillo’, sostienen que estos vertidos de salmuera y nutrientes se realizaron «con plena consciencia» y constituyen «una causa principal del deterioro irreversible y catastrófico del Mar Menor».
La singularidad de este juicio radica en el banquillo de la acusación. Colectivos ciudadanos y ecologistas como la Alianza Mar Menor (Amarme), Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO-Birdlife ejercerán la acción judicial amparados en la Ley 19/2022. Esta normativa, aprobada tras una iniciativa legislativa popular que reunió más de 600.000 firmas, convirtió al Mar Menor en el primer ecosistema de Europa con derechos propios equiparables a los de una persona o empresa. Junto a ellos actúan los ayuntamientos de Cartagena, Los Alcázares, San Javier y Murcia.
Piden una sentencia «ejemplarizante»
Las organizaciones representantes del Mar Menor y su cuenca hacen pública su confianza en obtener un juicio justo, con una sentencia condenatoria para los acusados y que sea “ejemplarizante”, restituyendo los daños causados al ecosistema. Las asociaciones esperan que «en esta ocasión, fiscal y acusados no lleguen a acuerdos como ha ocurrido en los anteriores juicios de los llamados casos Topillo, ya que las rebajas tan significativas en las penas y sanciones que se han impuesto hacen que se pierda el poder disuasorio que una sentencia debe tener para que el delito no se siga repitiendo o pueda resultar rentable para el infractor».
Quédate con lo esencial:
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Fecha y lugar: Miércoles, 20 de mayo, en la Audiencia Provincial (Palacio de Justicia de Cartagena).
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Petición de pena principal: Hasta 7 años de prisión para el administrador de las empresas agrícolas.
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Sanciones económicas: 1,5 millones de euros solicitados entre multas y responsabilidad civil.
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Volumen del vertido investigado: 162.345 metros cúbicos de agua de rechazo y nutrientes.
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Herramienta jurídica clave: Ley 19/2022 de personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca.
¿Por qué te puede interesar?
Este caso establece el estándar de cómo se protegerá la naturaleza a partir de ahora en tu entorno. La resolución del juicio determinará si la ley de personalidad jurídica es una herramienta real para frenar la degradación ambiental o si se queda en una declaración de intenciones, lo que afectará directamente a la salud de los espacios naturales donde vives, al turismo y a la economía de la Región de Murcia.
Para la reflexión:
¿De qué manera cambiaría nuestro comportamiento hacia el entorno si cada río, bosque o playa de nuestro país tuviera el derecho legal de demandarnos ante los tribunales por contaminarlos?
«La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre», dijo Mahatma Gandhi
