Es la primera magistrada del partido judicial de San Javier, pero una magistrada sin plaza. María de los Ángeles Martínez Urreas acaba de jurar su cargo como magistrada, aunque continúa ocupando su destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de San Javier, que sin embargo carece de plazas de magistrado. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia lleva varios años reclamando al Ministerio de Justicia la conversión a categoría de magistrado de las plazas de uno de los partidos judiciales con mayor carga de trabajo de España. "Es una cuestión económica", creen en el TSJ.
La magistrada Martínez Urrea ha tomado la decisión de quedarse, de momento, en la plaza de titular del Juzgado número cuatro de San Javier. La razón principal puede deberse a dos causas, o que la magistrada considere que en la actualidad no hay una plaza que se adecúe a sus circunstancias (por situación geográfica, familiar, etc) o que la conversión del partido de San Javier está más próxima de lo que se cree. "Molina de Segura fue la última conversión y a San Javier ya le toca", responden en el TSJ.
¿Qué aportaría la categoría de magistrado a San Javier? Sobre todo, una mayor estabilidad de las plantillas. Desde hace años, las plazas de jueces han sido ocupadas en San Javier por funcionarios recién salidos de la escuela, jueces jóvenes que pasan en estos juzgados costeros una especie de rodaje o prueba de fuego para saltar a otro destino que sí tenga plaza de magistrado. Los principales incentivos son el aumento de categoría, que conlleva un mayor sueldo tanto para los jueces magistrados como para los secretarios. Una menor rotación en los juzgados ayudaría a no retrasar continuamente casos judiciales voluminosos, que inevitablemente se ven estancados con cada sustitución del juez titular. Por ejemplo, el Juzgado número dos de San Javier, que instruye el caso Ninette, en proceso desde 2007, con el ex alcalde de Los Alcázares Juan Escudero, el ex edil de Urbanismo Alfredo Blanco y el ex arquitecto municipal Mariano Ayuso imputados, ha vivido al menos un cambio de juez desde el inicio del expediente, lo que obliga al nuevo titular a ponerse al día en la prolongada causa. El Juzgado número dos, en concreto, con la jueza María Alicia Román al frente, cuenta desde el pasado marzo con un juez de refuerzo, María Valle, que tambián asiste al Juzgado número uno.
Precisamente en el número uno, el de mayor carga de trabajo de toda España, el problema de saturación se acentúa. El juez titular, Miguel Ángel González, instruye otra de las bestias negras de la corrupción urbanística en la comarca del Mar Menor, el caso Valhalla, que tiene como imputados al ex alcalde de San Javier, José Hernández, y al empresario de la construcción Santiago Martínez Esparza. El TSJ reforzó San Javier con esta jueza de refuerzo precisamente por ser los juezgados que instruyen algunos de los grandes casos de corrupción en la Región.
El retraso de la conversión en plaza de magistrado no hace sino aumentar las posibilidades de rotación de los jueces y, por tanto, nuevos retrasos en la instrucción, no solo de los casos más sonoros de corrupción política, sino de todos los demás que esperan en los despachos judiciales. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ya aprobó hace tiempo la conversión de las plazas de magistrado en San Javier, pero el Ministerio de Justicia no termina de dotar este partido judicial de los medios y la categoría que le corresponden. En contra ha jugado el hecho de que los municipios costeros cuenten con una creciente población flotante, sin censar, que genera un volumen de litigiosidad constante.
